sábado, 27 de octubre de 2018

3 AL 9 DE OCTUBRE: 50 AÑOS DESPUÉS (1967/68)

Cuando poco después de las seis de la mañana del 3 de octubre de 1968, mi padre me despertó para decirme que en la madrugada se había dado un golpe militar, recordé que había vivido dos. No deseaba ningún golpe, me dije, pero si se ha producido espero que sea similar al del 62, aunque no podía imaginar que no se parecería a ninguno de los ocurridos en toda nuestra historia republicana…

Aunque tenía sólo seis años en 1948 cuando el golpe de Manuel Odría (Ver crónica “Cambié de casa en octubre de 1948” del 27 de noviembre de 2012), sabía que había iniciado una dictadura de ocho años y que para ser presidente constitucional vía elecciones en 1950, mandó apresar al otro candidato quedando como único postulante. El de 1962 fue un golpe institucional en medio de una grave crisis política y el gobierno de facto convocó a elecciones para el año siguiente, después de las cuales entregó la presidencia a quien salió elegido: Fernando Belaunde Terry, justamente el depuesto y horas después deportado a Buenos Aires.

NOVIEMBRE 1967: RUPTURA, DERROTA, RENUNCIA

En los anteriores trece meses se había vivido una crítica situación económica, cuya inminencia le fue advertida al presidente por el Partido Demócrata Cristiano, PDC, en esa época aliado a Acción Popular, partido cuyo jefe era Belaunde, en una reunión absolutamente privada a principios de junio de 1967 (Ver crónica “El jovencito que le dice carajo al presidente, no…” del 24 de marzo de 2014). La alianza AP - DC se rompió en noviembre de 1967 y progresivamente el PDC se había opuesto a medidas gubernamentales desde una perspectiva renovadora mientras la Coalición del Partido Aprista Peruano y la Unión Nacional Odriísta, la oposición conservadora, sin dejar de ser obstruccionista, se había acercado al gobierno. Incluso el consejo de ministros instalado el 31 de mayo de 1968, presidido por Oswaldo Hercelles -el tercer primer ministro en menos de nueve meses- fue denominado “gabinete conversado”. En esa época se señaló que el gabinete era producto de consultas entre el “carlismo” -denominación a un círculo palaciego derechista-, el APRA, un sector del odriísmo encabezado por el senador Julio de la Piedra y el Partido Popular Cristiano fundado un año y medio antes por disidentes del PDC.

La decisión de ruptura de la alianza, se hizo pública el día 12 después de cerrarse la votación y antes de conocerse los resultados de las elecciones complementarias en Lima y La Libertad. El triunfo en este último departamento fue de la Coalición, lo que nunca estuvo en duda considerando que esa época tenía hegemonía aprista, pero la derrota en Lima donde se debía cubrir la vacante del fallecido escritor Ciro Alegría en la Cámara de Diputados, fue un duro revés para el gobierno ya que el polémico periodista Enrique Chirinos Soto, candidato de la Coalición, obtuvo 332 mil votos, casi la mitad de los válidos, mientras que el candidato gobiernista Carlos Cueto Fernandini apenas consiguió 237 mil​.

El resultado electoral precipitó ese mismo día la renuncia del gabinete encabezado por el primer vicepresidente Edgardo Seoane, flamante secretario general de AP, asumiendo la responsabilidad política en la derrota. Aunque no fue aceptada por Belaunde, el desentendimiento entre ambos era tan grave -por la deserción de su reformismo- que cuatro días después Seoane renunció irrevocablemente mediante carta publicada en los diarios.

Se decía que las diferencias entre ambos venían desde inicios del gobierno. Varias veces trascendieron discrepancias, por lo que fue considerada una medida hábil del presidente nombrarlo como embajador en México a principios de 1965. Aunque Seoane se mantuvo alejado de la vida partidaria, conforme pasó el tiempo fueron frecuentes las referencias a él de dirigentes de AP descontentos del abandono de la “renovación”. Seoane fue convencido de postular a la secretaria general en el congreso nacional partidario realizado en Cajamarca en mayo de 1967 y se impuso rotundamente al diputado Javier Alva Orlandini, dispuesto a contemporizar con las posiciones del presidente Belaunde.

NUEVE MESES: TRES GABINETES

Las posiciones iniciales de la nueva dirigencia estaban remarcando cuestionamientos cuando a fines de agosto se produjo la crisis económica -advertida tres meses antes por la dirigencia democristiana- y que además de una devaluación del 40% significó la paralización de obras públicas, disminución de la inversión y aumento simultáneo del desempleo y el costo de vida. En esas circunstancias y ante la renuncia del gabinete, Belaunde encargó a Seoane que presidiera el siguiente. Juró el 6 de setiembre de 1967 y apenas superó los dos meses…, como ya señalé. En su reemplazo el 17 de noviembre juró un gabinete con mayoría de personalidades independientes, encabezado por el jurista también independiente Raúl Ferrero Rebagliati que no logró satisfacer a la oposición, particularmente al Partido Aprista que le quitó la confianza.

En esas circunstancias surge el mencionado “gabinete conversado” y que pocos días después de instalado recibió del Congreso dominado por la Coalición, poderes extraordinarios para legislar en materia económica por sesenta días, que significaron más de 300 decretos que el parlamento ratificó. ¡Facilidades que nunca en casi cinco años había brindado a los anteriores gabinetes!

EN BUSCA DE UNA ALIANZA MÁS AMPLIA

Paralelamente desde inicios de 1968, las coordinaciones entre las dirigencias democratacristianas y acciopopulistas comenzaron a desarrollarse. En el Comité Ejecutivo Nacional del PDC se nos encargó a Alberto Péndola, Jaime Montoya, Julio Luque y a mí mantener esas conversaciones, que se dieron especialmente con Benjamín Doig, el diputado Raúl Peña Cabrera y Jaime Heresi, aunque en algunas oportunidades también con los diputados José Navarro Grau y Juan Mármol. Algunas veces nos reunimos en el comedor del Lawn Tennis de la Exposición, donde alguno de nuestros interlocutores era socio. Buscábamos conformar un frente de centro izquierda y no sólo una nueva alianza AP - DC, considerando los resultados de las elecciones completarías en Lima en que el ex diputado Carlos Malpica, candidato de Unidad de Izquierda, logró el 14 %. Buscamos iniciar conversaciones con UI, particularmente con el Partido Comunista Peruano su principal puntal, que concretamos por esa misma época (Ver crónica “Dos políticos arequipeños hablan por primera vez” del 15 de diciembre de 2012).

Hacia fines de agosto de 1968, cuando ambos partidos habían proclamado ya como candidatos a la presidencia de la república a Seoane por AP y al senador Héctor Cornejo Chávez por el PDC, las conversaciones proseguían porque éramos conscientes que debíamos ir juntos en las elecciones previstas para junio de 1969, buscando una sola fórmula y también porque había que coordinar acciones contra el gobierno por el “Acta de Talara” rechazada por amplios sectores del país.

EL ACTA DE TALARA AISLÓ AL GOBIERNO

Desde que recuerdo un tema siempre presente en la vida política nacional fue el de la International Petroleum Company, IPC, que explotaba desde principios de siglo lotes de petróleo en las localidades de La Brea y Pariñas, en la provincia piurana de Talara. Esta empresa norteamericana era dependiente de la Standard Oil de Nueva Jersey, una de las “siete hermanas” denominación de las empresas que controlaban en el mundo la mayoría de la producción y distribución del petróleo.

La IPC y una empresa inglesa que la antecedió, habían explotado durante décadas muchísimos más lotes que los que tenían registrado y por los que no pagaron nada de impuestos. Por tal situación, a finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta se denunció la ilegalidad de la presencia de la IPC y se planteó la obligación patriótica de expulsarla. En el parlamento fue figura descollante sobre este tema el diputado independiente Alfonso Benavides Correa. El diario El Comercio se dedicó a cuestionar a la IPC y al gobierno de Manuel Prado por mantener la situación de privilegio para la empresa petrolera, al mismo tiempo que respaldaba las acciones de lucha contra ella, particularmente del Frente de Defensa del Petróleo formado en esos años por de dirigentes políticos, sindicales y militares retirados.

En su primer mensaje a la nación el 28 de julio de 1963, Belaunde prometió que en noventa días solucionaría ese problema. Pero pasaron tres mensajes anuales más y no se tocaba del tema, incluso después que el PDC se lo reclamaba en privado considerando que incumplir esa promesa afectaba la credibilidad gubernamental (Ver crónica “…sólo un loco nadaría hasta el Callao” del 20 de abril de 2013).

El 28 de julio de 1968 hubo anuncio de un arreglo con la IPC sin especificar pormenores. Cinco días después la Empresa Petrolera Fiscal, EPF, informó que estudiaba detalles de la transferencia de los yacimientos de La Brea y Pariñas al Estado. El día 13, poco después de la cinco de la mañana y luego de maratónica reunión desde la noche anterior en Palacio de Gobierno, se firma el “Acta de Talara”. La IPC entregaría los pozos al gobierno, pero mantendría la planta, el taller y la refinería. La EPF administraría los pozos, pero le vendería a la IPC el barril a precio pactado por cuatro años. Además el 50% de los trabajadores de la IPC pasarían a formar parte de la EPF.

Ese mismo día, Belaunde y varios de sus ministros, así como los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Carlos Manuel Cox y Andrés Townsend, ambos apristas, viajaron a Talara donde la IPC hace una “entrega” simbólica de los yacimientos ante un pozo abierto un siglo antes.

A partir de ese momento, los cuestionamientos por parte de partidos y otras instituciones a la decisión gubernamental, cubrieron prácticamente la información sobre lo que ocurría en el país. El 6 de setiembre, luego de renunciar a la presidencia de la EPF, Carlos Loret de Mola denunció la desaparición de la página 11 del contrato, donde habían anotaciones suyas para evitar mayores ventajas para la IPC en los precios del combustible. A mediados de setiembre, los candidatos presidenciales de los partidos que cinco años atrás habían ganado las elecciones -AP y DC- en mensajes televisados criticaron duramente el Acta.

También en todo setiembre hubo opiniones sobre la inminencia de un golpe militar, al mismo tiempo que pronunciamientos en contra de tal posibilidad. El mes terminó con un país crispado por enfrentamientos, incluyendo a Acción Popular. El 22, declarándose Jefe Nato de AP, Belaunde destituyó del cargo de secretario general a Seoane y éste y otros dirigentes tomaron varios locales partidarios. Hubo toma y retoma del local central en el centro de Lima.

El primero de octubre un gabinete agotado en sólo cuatro meses renuncia para dar paso al día siguiente a un nuevo consejo de ministros, presidido por Miguel Mujica Gallo. No duraría ni 24 horas…

RECHAZO Y DUDAS

Así llegamos a la mañana del 3 de octubre en que me enteré del golpe. Luego de rápidas coordinaciones telefónicas con otros dirigentes, nos dirigimos a un café de la plaza Bolognesi, cerca del local partidario que comprobamos no tenía impedimento para funcionar. De allí nos recogió otro dirigente en su auto y nos dirigimos al tranquilo distrito residencial de San Isidro.

Llegamos al Olivar, gran extensión de enormes árboles y quizá algunos miles de añejos olivos. Había como hasta hoy amplias casas antiguas separadas de manera que era difícil conocer lo que pasaba con los vecinos. El auto se estacionó en una zona poco visible y los cuatro o cinco que bajamos llamamos discretamente a la puerta de una residencia desconocida. El rostro sonriente que encontramos cuando se abrió la puerta sí era conocido: Javier Silva Ruete.

Mientras esperábamos comprobábamos la amplitud de la sala de estar donde se realizaría la reunión, hablamos con Julio Luque Tijero, quien me dijo que el “gordo” Silva siempre encontraba soluciones no sólo políticas sino logísticas. Un año antes había conseguido dinero -no mucho, pero sí lo indispensable- para organizar en cuatro días un gran mitin en la plaza San Martín y ahora conseguía una casa discreta y comodísima -como para reunir más de 20 personas- en que además había servicio de café y bebidas a discreción. Como siempre he pensado que en los momentos de tensión hay que conservar el humor, aproveché para decirle a Julio que gracias a Javier se podía dar el lujo de llamar “gordo” a alguien…

Por las circunstancias excepcionales no fue una reunión sólo del CEN. Hubo varios invitados, como el propio Javier, quien había sido en dos oportunidades ministro de Agricultura. También varios senadores y diputados cesados también esa madrugada por el golpe militar. La reunión se dio inicio alrededor de las once de la mañana en que terminaron de llegar todos. La desaprobación al golpe no estaba en discusión y la mayoría estuvo de acuerdo con un comunicado condenándolo.

Nos enteramos que el presidente de la Junta Revolucionaria era el general de división Juan Velasco Alvarado, Comandante General del Ejército y que, pese a que el golpe no contaba inicialmente con el apoyo de la Marina y la Aviación, horas después la Fuerza Armada respaldaba totalmente a Velasco.

La idea de alguno de un golpe para asegurar el orden oligárquico, la desechamos cuando conocimos el manifiesto de la Junta Revolucionaria que señalaba: “Poderosas fuerzas económicas, nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos indignos, detentan el poder político y económico inspiradas en lucrar desenfrenadamente, frustrando el anhelo popular en orden a la realización de las básicas reformas estructurales, para continuar manteniendo el injusto orden social y económico existente, que permite que el usufructo de las riquezas nacionales esté al alcance de sólo los privilegiados, en tanto que las mayorías sufren las consecuencias de su marginación, lesiva a la dignidad de la persona humana...”.

Evidentemente el pronunciamiento del PDC que se aprobó y se hizo público condenaba el alzamiento que negaba al pueblo el derecho a decir su destino al interrumpir el proceso electoral en marcha, urgiendo a que se respeten los plazos electorales previstos para 1969. Sin embargo, al mismo tiempo reafirmó “...que el país para promover los niveles de vida de la inmensas mayorías hasta hoy pospuestas y engañadas necesita con urgencia una transformación radical de su estructura básica y un cambio sustancial de la política seguida hasta el presente, frente a los grandes intereses nacionales y extranjeros…”.

No sé si en esos momentos éramos conscientes de la cercanía de los conceptos en párrafos como los citados. Tampoco estoy seguro si relacionamos lo señalado en ese manifiesto con las palabras de Héctor Cornejo Chávez en una exposición televisada, apenas dos días antes, en que acusó al gobierno de beneficiar a los poderosos, de favorecer a las empresas extranjeras en perjuicio del país y señaló que la Fuerza Armada no era oligárquica y debía ser empleada en la lucha contra el hambre.

En los días posteriores se publicaron comunicados rechazando el golpe militar de todos los partidos, así como de sectores sindicales, profesionales, campesinos y estudiantiles, aunque no hubo movilizaciones significativas en contra de la decisión militar.

ENTRE EL 3 Y EL 9 DE OCTUBRE HUBO UN GRAN CAMBIO

En esos primeros días de octubre en el país circulaban todo tipo de rumores sobre la composición, las contradicciones o las pugnas internas del llamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. O el papel de los coroneles. Pero todo se acabó a mediodía del miércoles 9 de octubre cuando, en cadena nacional de radio y televisión, se apreció el rostro de Velasco con voz varias veces interrumpida por carraspera y que resultaría familiar en los siguientes siete años.

Velasco informó que el gobierno había anulado la “indigna acta” de Talara y el “lesivo contrato” con la IPC, señalando que se acababa de promulgar un decreto ley que ordenaba la expropiación del complejo. Y en un tono de voz que denotaba la trascendencia del momento anunció que en esos “precisos momentos” un contingente de las fuerzas armadas “haciéndose eco del clamor de la nación está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial incluida la refinería…” y para “flamear el emblema nacional como expresión de nuestra indiscutida soberanía”.

La medida generó pronunciamientos de aprobación de diversos sectores del país. Entre ellos partidos como Acción Popular -la rama seoanista-, el PDC, la Unión Nacional Odriísta, el Movimiento Democrático Peruano o Pradista, el Partido Comunista Peruano. También lo hicieron la Asociación de Oficiales Generales de la Fuerza Armada y el Comité de Abogados para la defensa del Petróleo. Incluso hubo una declaración del Arzobispo de Lima, Cardenal Juan Landázuri adhiriéndose a la recuperación de La Brea y Pariñas.

Una semana después del golpe militar contra Belaunde muy pocos cuestionaban al nuevo régimen, quizás porque coincidían con lo que la revista Oiga señaló: “Con la reivindicación plena de La Brea y Pariñas, queda justificado el derrocamiento…”.

No recuerdo si en ese momento se declaró el 9 de octubre como el Día de la Dignidad Nacional, pero en la práctica así lo sintió la ciudadanía. Espontáneamente miles de banderas fueron colocadas en las casas de distintos distritos de Lima. Y curiosamente las banderas también flamearon en zonas marginales de Lima donde sus habitantes carecían de todo, pero que con ese gesto afirmaban su peruanidad.

Seguramente a lo largo de otras crónicas tocaré distintos aspectos del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Se ha dicho muchas veces que con su gobierno desapareció el poder de la vieja oligarquía y se inició un nuevo Perú aun hoy en proceso de configurarse. Desaparecieron también -porque fueron plasmados- los principales proyectos de transformación que el Partido Aprista y el Partido Comunista habían levantado desde los años treinta, Acción Popular y la Democracia Cristiana desde los cincuenta y la llamada nueva izquierda en los sesenta. Como ya hemos sostenido ampliamente en otras oportunidades (Ver crónica “Intranquilidades a mediados de los setenta” del 25 de abril de 2014), si sólo tuviéramos en cuenta la transformación que el país tuvo debido a que millones de personas se sintieron ciudadanos, resultaría ser el gobierno con mayor trascendencia que ha tenido el Perú. Y por cierto que hubo muchísimo más…

3 comentarios:

  1. Excelente crónica y muchas gracias por compartirla. Saludos Alfredo.
    José Carlos Serván Meza
    Octubre 28 de 2018.

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  2. Has dejado de lado algunos actores de esos hechos, la derechisacion de AP se inicia con la expulsión de su Secretario General Mario Villaran Rivera, quien tambien habia derrotado al candidato de Belaunde Alva Orlandini y la salida de AP del Senador Montesinos defensor de la nacionalizacion de la Brea y Pariñas.Hay actores militares, Alfredo Rodriguez Martines quien conforma una comisión para pronunciarse sobre el Laudo de la Brea y Pariñas, mi padre forma parte de esa comisión, la cual concluye con un pronunciamiento del ejercito considerando nulo el laudo.No soy tan memoriosos como tu pero creo recordar que el Acta de Talara fue años antes pues unas declaraciones de mi padre señalando que constituia Traicion a la Patria dio lugar a que Belaunde lo saque del ejercito.Abrazos

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  3. Es cierto que hubo episodios de derechización que no fueron apreciados debidamente, como dejar sin postular a la reelección al senador Alfonso Montesinos a inicios de 1963 y la expulsión de Villarán, semanas después de instalarse el gobierno de Belaunde el 28 de julio de 1963. En noviembre de ese año, a su pedido, el Ejecutivo quedó autorizado parara buscar una solución definitiva que no desarrolló en varios años, hasta casi cinco años después con la desastrosa Acta de Talara de agosto de 1968. Preguntado a finales de 1963 o inicios de 1964, sobre la ilegal presencia de la IPC, el general Juan Bossio Collas declaró que Belaunde había prometido terminar con esa situación en 90 días y no había cumplido su palabra y que eso podría considerarse como traición a la patria. Luego de esas duras expresiones fue pasado a disponibilidad, por indicaciones del presidente, y luego de unos meses pasó al retiro. No fue casual que la opinión de un militar en actividad fuera requerida ya que Bossio se había hecho conocido por sus posiciones nacionalistas en su breve paso como ministro en el gobierno militar que de julio de 1962 a julio de 1963 gobernó el país, bajo las sucesivas presidencias de los generales Pérez Godoy y Lindley en cuyo cambio había jugado papel importante, se dijo en esa época.

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