Cuando poco después
de las seis de la mañana del 3 de octubre de 1968, mi padre me despertó para
decirme que en la madrugada se había dado un golpe militar, recordé que había
vivido dos. No deseaba ningún golpe, me dije, pero si se ha producido espero
que sea similar al del 62, aunque no podía imaginar que no se parecería a
ninguno de los ocurridos en toda nuestra historia republicana…
Aunque tenía sólo seis años en 1948 cuando el golpe de Manuel Odría (Ver crónica “Cambié de casa en octubre de 1948” del 27 de noviembre de 2012), sabía que había iniciado una dictadura de ocho años y que para ser presidente constitucional vía elecciones en 1950, mandó apresar al otro candidato quedando como único postulante. El de 1962 fue un golpe institucional en medio de una grave crisis política y el gobierno de facto convocó a elecciones para el año siguiente, después de las cuales entregó la presidencia a quien salió elegido: Fernando Belaunde Terry, justamente el depuesto y horas después deportado a Buenos Aires.
NOVIEMBRE
1967: RUPTURA, DERROTA, RENUNCIA
En los anteriores trece
meses se había vivido una crítica situación económica, cuya inminencia le fue
advertida al presidente por el Partido Demócrata Cristiano, PDC, en esa época
aliado a Acción Popular, partido cuyo jefe era Belaunde, en una reunión
absolutamente privada a principios de junio de 1967 (Ver crónica “El jovencito que le dice carajo al presidente, no…” del 24
de marzo de 2014). La alianza AP - DC se rompió en noviembre de 1967 y progresivamente el PDC
se había opuesto a
medidas gubernamentales desde una perspectiva renovadora mientras la Coalición
del Partido Aprista Peruano y la Unión Nacional Odriísta, la oposición conservadora, sin dejar de ser
obstruccionista, se había acercado al gobierno. Incluso el consejo de ministros
instalado el 31 de mayo de 1968, presidido por Oswaldo Hercelles -el tercer
primer ministro en menos de nueve meses- fue denominado “gabinete conversado”. En
esa época se señaló que el gabinete era producto de consultas entre el
“carlismo” -denominación a un círculo palaciego derechista-, el APRA, un sector
del odriísmo encabezado por el senador Julio de la Piedra y el Partido Popular
Cristiano fundado un año y medio antes por disidentes del PDC.
La decisión de ruptura
de la alianza, se hizo pública el día 12 después de cerrarse la votación y antes
de conocerse los resultados de las elecciones complementarias en Lima y La Libertad.
El triunfo en este último departamento fue de la Coalición, lo que nunca estuvo
en duda considerando que esa época tenía hegemonía aprista, pero la derrota en
Lima donde se debía cubrir la vacante del fallecido escritor Ciro Alegría en la
Cámara de Diputados, fue un duro revés para el gobierno ya que el polémico periodista
Enrique Chirinos Soto, candidato de la Coalición, obtuvo 332 mil votos, casi la
mitad de los válidos, mientras que el candidato gobiernista Carlos Cueto Fernandini
apenas consiguió 237 mil.
El resultado
electoral precipitó ese mismo día la renuncia del gabinete encabezado por el
primer vicepresidente Edgardo Seoane, flamante secretario general de AP,
asumiendo la responsabilidad política en la derrota. Aunque no fue aceptada por
Belaunde, el desentendimiento entre ambos era tan grave -por la deserción de su
reformismo- que cuatro días después Seoane renunció irrevocablemente mediante
carta publicada en los diarios.
Se decía que las
diferencias entre ambos venían desde inicios del gobierno. Varias veces
trascendieron discrepancias, por lo que fue considerada una medida hábil del
presidente nombrarlo como embajador en México a principios de 1965. Aunque Seoane
se mantuvo alejado de la vida partidaria, conforme pasó el tiempo fueron frecuentes
las referencias a él de dirigentes de AP descontentos del abandono de la
“renovación”. Seoane fue convencido de postular a la secretaria general en el
congreso nacional partidario realizado en Cajamarca en mayo de 1967 y se impuso
rotundamente al diputado Javier Alva Orlandini, dispuesto a contemporizar con
las posiciones del presidente Belaunde.
NUEVE
MESES: TRES GABINETES
Las posiciones
iniciales de la nueva dirigencia estaban remarcando cuestionamientos cuando a
fines de agosto se produjo la crisis económica -advertida tres meses antes por la
dirigencia democristiana- y que además de una devaluación del 40% significó la
paralización de obras públicas, disminución de la inversión y aumento simultáneo
del desempleo y el costo de vida. En esas circunstancias y ante la renuncia del
gabinete, Belaunde encargó a Seoane que presidiera el siguiente. Juró el 6 de
setiembre de 1967 y apenas superó los dos meses…, como ya señalé. En su
reemplazo el 17 de noviembre juró un gabinete con mayoría de personalidades
independientes, encabezado por el jurista también independiente Raúl Ferrero
Rebagliati que no logró satisfacer a la oposición, particularmente al Partido
Aprista que le quitó la confianza.
En esas circunstancias surge el mencionado “gabinete
conversado” y que pocos días después de instalado recibió del Congreso dominado
por la Coalición, poderes extraordinarios para legislar en materia económica
por sesenta días, que significaron más de 300 decretos que el parlamento ratificó.
¡Facilidades que nunca en casi cinco años había brindado a los anteriores
gabinetes!
EN BUSCA DE UNA ALIANZA MÁS AMPLIA
Paralelamente desde inicios de 1968, las coordinaciones entre
las dirigencias democratacristianas y acciopopulistas comenzaron a desarrollarse.
En el Comité Ejecutivo Nacional del PDC se nos encargó a Alberto Péndola, Jaime
Montoya, Julio Luque y a mí mantener esas conversaciones, que se dieron especialmente
con Benjamín Doig, el diputado Raúl Peña Cabrera y Jaime Heresi, aunque en
algunas oportunidades también con los diputados José Navarro Grau y Juan Mármol.
Algunas veces nos reunimos en el comedor del Lawn Tennis de la Exposición,
donde alguno de nuestros interlocutores era socio. Buscábamos conformar un
frente de centro izquierda y no sólo una nueva alianza AP - DC, considerando los
resultados de las elecciones completarías en Lima en que el ex diputado Carlos
Malpica, candidato de Unidad de Izquierda, logró el 14 %. Buscamos
iniciar conversaciones con UI, particularmente con el Partido Comunista Peruano
su principal puntal, que concretamos por esa misma época (Ver crónica “Dos políticos arequipeños hablan por primera vez” del 15
de diciembre de 2012).
Hacia fines de agosto de 1968,
cuando ambos partidos habían proclamado ya como candidatos a la presidencia de
la república a Seoane por AP y al senador Héctor Cornejo Chávez por el PDC,
las conversaciones proseguían porque éramos conscientes que debíamos ir juntos
en las elecciones previstas para junio de 1969, buscando una sola fórmula y
también porque había que coordinar acciones contra el gobierno por el “Acta de
Talara” rechazada por amplios sectores del país.
EL
ACTA DE TALARA AISLÓ AL GOBIERNO
Desde que recuerdo
un tema siempre presente en la vida política nacional fue el de la International
Petroleum Company, IPC, que explotaba desde principios de siglo lotes de
petróleo en las localidades de La Brea y Pariñas, en la provincia piurana de
Talara. Esta empresa norteamericana era dependiente de la Standard Oil de Nueva
Jersey, una de las “siete hermanas” denominación de las empresas que
controlaban en el mundo la mayoría de la producción y distribución del
petróleo.
La IPC y una
empresa inglesa que la antecedió, habían explotado durante décadas muchísimos
más lotes que los que tenían registrado y por los que no pagaron nada de impuestos.
Por tal situación, a finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta se denunció
la ilegalidad de la presencia de la IPC y se planteó la obligación patriótica
de expulsarla. En el parlamento fue figura descollante sobre este tema el
diputado independiente Alfonso Benavides Correa. El diario El Comercio se dedicó a cuestionar a la IPC y al gobierno de Manuel
Prado por mantener la situación de privilegio para la empresa petrolera, al mismo
tiempo que respaldaba las acciones de lucha contra ella, particularmente del
Frente de Defensa del Petróleo formado en esos años por de dirigentes
políticos, sindicales y militares retirados.
En su primer
mensaje a la nación el 28 de julio de 1963, Belaunde prometió que en noventa
días solucionaría ese problema. Pero pasaron tres mensajes anuales más y no se
tocaba del tema, incluso después que el PDC se lo reclamaba en privado considerando que incumplir esa promesa
afectaba la credibilidad gubernamental (Ver crónica “…sólo un loco nadaría hasta el Callao” del 20 de abril de
2013).
El 28 de julio de
1968 hubo anuncio de un arreglo con la IPC sin especificar pormenores. Cinco días
después la Empresa Petrolera Fiscal, EPF, informó que estudiaba detalles de la
transferencia de los yacimientos de La Brea y Pariñas al Estado. El día 13,
poco después de la cinco de la mañana y luego de maratónica reunión desde la
noche anterior en Palacio de Gobierno, se firma el “Acta de Talara”. La IPC
entregaría los pozos al gobierno, pero mantendría la planta, el taller y la
refinería. La EPF administraría los pozos, pero le vendería a la IPC el barril
a precio pactado por cuatro años. Además el 50% de los trabajadores de la IPC pasarían
a formar parte de la EPF.
Ese mismo día, Belaunde
y varios de sus ministros, así como los presidentes del Senado y la Cámara de
Diputados, Carlos Manuel Cox y Andrés Townsend, ambos apristas, viajaron a
Talara donde la IPC hace una “entrega” simbólica de los yacimientos ante un
pozo abierto un siglo antes.
A partir de ese
momento, los cuestionamientos por parte de partidos y otras instituciones a la
decisión gubernamental, cubrieron prácticamente la información sobre lo que
ocurría en el país. El 6 de setiembre, luego de renunciar a la presidencia de
la EPF, Carlos Loret de Mola denunció la desaparición de la página 11 del
contrato, donde habían anotaciones suyas para evitar mayores ventajas para la
IPC en los precios del combustible. A mediados de setiembre, los candidatos
presidenciales de los partidos que cinco años atrás habían ganado las
elecciones -AP y DC- en mensajes televisados criticaron duramente el Acta.
También en todo
setiembre hubo opiniones sobre la inminencia de un golpe militar, al mismo
tiempo que pronunciamientos en contra de tal posibilidad. El mes terminó con un
país crispado por enfrentamientos, incluyendo a Acción Popular. El 22,
declarándose Jefe Nato de AP, Belaunde destituyó del cargo de secretario
general a Seoane y éste y otros dirigentes tomaron varios locales partidarios. Hubo
toma y retoma del local central en el centro de Lima.
El primero de
octubre un gabinete agotado en sólo cuatro meses renuncia para dar paso al día
siguiente a un nuevo consejo de ministros, presidido por Miguel Mujica Gallo.
No duraría ni 24 horas…
RECHAZO
Y DUDAS
Así llegamos a la mañana del 3 de octubre en que me enteré
del golpe. Luego de rápidas coordinaciones telefónicas con otros dirigentes, nos
dirigimos a un café de la plaza Bolognesi, cerca del local partidario que
comprobamos no tenía impedimento para funcionar. De allí nos recogió otro
dirigente en su auto y nos dirigimos al tranquilo distrito residencial de San
Isidro.
Llegamos al Olivar, gran extensión de enormes árboles y
quizá algunos miles de añejos olivos. Había como hasta hoy amplias casas
antiguas separadas de manera que era difícil conocer lo que pasaba con los
vecinos. El auto se estacionó en una zona poco visible y los cuatro o cinco que
bajamos llamamos discretamente a la puerta de una residencia desconocida. El
rostro sonriente que encontramos cuando se abrió la puerta sí era conocido:
Javier Silva Ruete.
Mientras esperábamos comprobábamos la amplitud de la sala
de estar donde se realizaría la reunión, hablamos con Julio Luque Tijero, quien
me dijo que el “gordo” Silva siempre encontraba soluciones no sólo políticas
sino logísticas. Un año antes había conseguido dinero -no mucho, pero sí lo
indispensable- para organizar en cuatro días un gran mitin en la plaza San
Martín y ahora conseguía una casa discreta y comodísima -como para reunir más
de 20 personas- en que además había servicio de café y bebidas a discreción.
Como siempre he pensado que en los momentos de tensión hay que conservar el
humor, aproveché para decirle a Julio que gracias a Javier se podía dar el lujo
de llamar “gordo” a alguien…
Por las circunstancias excepcionales no fue una reunión
sólo del CEN. Hubo varios invitados, como el propio Javier, quien había sido en
dos oportunidades ministro de Agricultura. También varios senadores y diputados
cesados también esa madrugada por el golpe militar. La reunión se dio inicio
alrededor de las once de la mañana en que terminaron de llegar todos. La desaprobación
al golpe no estaba en discusión y la mayoría estuvo de acuerdo con un
comunicado condenándolo.
Nos enteramos que el presidente de la Junta
Revolucionaria era el general de división Juan Velasco Alvarado, Comandante
General del Ejército y que, pese a que el golpe no contaba inicialmente con el
apoyo de la Marina y la Aviación, horas después la Fuerza Armada respaldaba
totalmente a Velasco.
La idea de alguno de un golpe para asegurar el orden
oligárquico, la desechamos cuando conocimos el manifiesto de la Junta
Revolucionaria que señalaba: “Poderosas
fuerzas económicas, nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos
indignos, detentan el poder político y económico inspiradas en lucrar desenfrenadamente,
frustrando el anhelo popular en orden a la realización de las básicas reformas
estructurales, para continuar manteniendo el injusto orden social y económico
existente, que permite que el usufructo de las riquezas nacionales esté al
alcance de sólo los privilegiados, en tanto que las mayorías sufren las
consecuencias de su marginación, lesiva a la dignidad de la persona humana...”.
Evidentemente el pronunciamiento del PDC que se aprobó y
se hizo público condenaba el alzamiento que negaba al pueblo el derecho a decir
su destino al interrumpir el proceso electoral en marcha, urgiendo a que se
respeten los plazos electorales previstos para 1969. Sin embargo, al mismo
tiempo reafirmó “...que el país para
promover los niveles de vida de la inmensas mayorías hasta hoy pospuestas y
engañadas necesita con urgencia una transformación radical de su estructura
básica y un cambio sustancial de la política seguida hasta el presente, frente
a los grandes intereses nacionales y extranjeros…”.
No sé si en esos momentos éramos conscientes de la
cercanía de los conceptos en párrafos como los citados. Tampoco estoy seguro si
relacionamos lo señalado en ese manifiesto con las palabras de Héctor Cornejo Chávez en una exposición televisada, apenas dos días antes, en
que acusó al gobierno de beneficiar a los poderosos, de favorecer a las
empresas extranjeras en perjuicio del país y señaló que la Fuerza Armada no era
oligárquica y debía ser empleada en la lucha contra el hambre.
En los días posteriores se publicaron comunicados
rechazando el golpe militar de todos los partidos, así como de sectores
sindicales, profesionales, campesinos y estudiantiles, aunque no hubo movilizaciones
significativas en contra de la decisión militar.
ENTRE
EL 3 Y EL 9 DE OCTUBRE HUBO UN GRAN CAMBIO
En esos primeros días de octubre en el país circulaban
todo tipo de rumores sobre la composición, las contradicciones o las pugnas
internas del llamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. O el papel de
los coroneles. Pero todo se acabó a mediodía del miércoles 9 de octubre cuando, en cadena nacional de radio y
televisión, se apreció el rostro de Velasco con voz varias veces interrumpida
por carraspera y que resultaría familiar en los siguientes siete años.
Velasco informó que el gobierno había anulado la “indigna
acta” de Talara y el “lesivo contrato” con la IPC, señalando que se acababa de
promulgar un decreto ley que ordenaba la expropiación del complejo. Y en un
tono de voz que denotaba la trascendencia del momento anunció que en esos “precisos
momentos” un contingente de las fuerzas armadas “haciéndose eco del clamor de
la nación está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el
complejo industrial incluida la refinería…” y para “flamear el emblema nacional
como expresión de nuestra indiscutida soberanía”.
La medida generó pronunciamientos de aprobación de
diversos sectores del país. Entre ellos partidos como Acción Popular -la rama
seoanista-, el PDC, la Unión Nacional Odriísta, el Movimiento Democrático
Peruano o Pradista, el Partido Comunista Peruano. También lo hicieron la
Asociación de Oficiales Generales de la Fuerza Armada y el Comité de Abogados
para la defensa del Petróleo. Incluso hubo una declaración del Arzobispo de
Lima, Cardenal Juan Landázuri adhiriéndose a la recuperación de La Brea y
Pariñas.
Una semana después del golpe militar contra Belaunde muy
pocos cuestionaban al nuevo régimen, quizás porque coincidían con lo que la
revista Oiga señaló: “Con la
reivindicación plena de La Brea y Pariñas, queda justificado el
derrocamiento…”.
No recuerdo si en ese momento se declaró el 9 de octubre como
el Día de la Dignidad Nacional, pero en la práctica así lo sintió la
ciudadanía. Espontáneamente miles de banderas fueron colocadas en las casas de
distintos distritos de Lima. Y curiosamente las banderas también flamearon en
zonas marginales de Lima donde sus habitantes carecían de todo, pero que con
ese gesto afirmaban su peruanidad.
Seguramente a lo largo de otras crónicas tocaré distintos
aspectos del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Se ha dicho muchas veces que
con su gobierno desapareció el poder de la vieja oligarquía y se inició un
nuevo Perú aun hoy en proceso de configurarse. Desaparecieron también -porque fueron plasmados- los principales
proyectos de transformación que el Partido Aprista y el Partido Comunista
habían levantado desde los años treinta, Acción Popular y la Democracia Cristiana
desde los cincuenta y la llamada nueva izquierda en los sesenta. Como ya hemos sostenido
ampliamente en otras oportunidades (Ver crónica “Intranquilidades a mediados de los setenta” del 25 de abril de 2014), si sólo tuviéramos en cuenta la transformación que el
país tuvo debido a que millones de personas se sintieron ciudadanos, resultaría
ser el gobierno con mayor trascendencia que ha tenido el Perú. Y por cierto que
hubo muchísimo más…
Excelente crónica y muchas gracias por compartirla. Saludos Alfredo.
ResponderBorrarJosé Carlos Serván Meza
Octubre 28 de 2018.
Has dejado de lado algunos actores de esos hechos, la derechisacion de AP se inicia con la expulsión de su Secretario General Mario Villaran Rivera, quien tambien habia derrotado al candidato de Belaunde Alva Orlandini y la salida de AP del Senador Montesinos defensor de la nacionalizacion de la Brea y Pariñas.Hay actores militares, Alfredo Rodriguez Martines quien conforma una comisión para pronunciarse sobre el Laudo de la Brea y Pariñas, mi padre forma parte de esa comisión, la cual concluye con un pronunciamiento del ejercito considerando nulo el laudo.No soy tan memoriosos como tu pero creo recordar que el Acta de Talara fue años antes pues unas declaraciones de mi padre señalando que constituia Traicion a la Patria dio lugar a que Belaunde lo saque del ejercito.Abrazos
ResponderBorrarEs cierto que hubo episodios de derechización que no fueron apreciados debidamente, como dejar sin postular a la reelección al senador Alfonso Montesinos a inicios de 1963 y la expulsión de Villarán, semanas después de instalarse el gobierno de Belaunde el 28 de julio de 1963. En noviembre de ese año, a su pedido, el Ejecutivo quedó autorizado parara buscar una solución definitiva que no desarrolló en varios años, hasta casi cinco años después con la desastrosa Acta de Talara de agosto de 1968. Preguntado a finales de 1963 o inicios de 1964, sobre la ilegal presencia de la IPC, el general Juan Bossio Collas declaró que Belaunde había prometido terminar con esa situación en 90 días y no había cumplido su palabra y que eso podría considerarse como traición a la patria. Luego de esas duras expresiones fue pasado a disponibilidad, por indicaciones del presidente, y luego de unos meses pasó al retiro. No fue casual que la opinión de un militar en actividad fuera requerida ya que Bossio se había hecho conocido por sus posiciones nacionalistas en su breve paso como ministro en el gobierno militar que de julio de 1962 a julio de 1963 gobernó el país, bajo las sucesivas presidencias de los generales Pérez Godoy y Lindley en cuyo cambio había jugado papel importante, se dijo en esa época.
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