INICIOS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA (1980 - 1982)

En víspera de las elecciones generales de 1980 se produjo un hecho que inicialmente pasó desapercibido: la quema de las ánforas que debían utilizarse para esos comicios en el lejano distrito de Chuschi, en la provincia ayacuchana de Cangallo. Aunque nadie lo supo en esos momentos, ese 17 de mayo Sendero Luminoso había iniciado sus acciones terroristas que desatarían más de doce años de violencia en el país, con un saldo de varias decenas de miles de muertos.

La noticia se conoció en el resto del país algunos días después, considerando la poca conexión del poblado campesino, situado a unos 110 kilómetros de la ciudad de Ayacucho, capital del departamento, aunque ocupó sólo unas pocas líneas en los diarios. Prácticamente pasó desapercibida, ya que nadie dio importancia a lo que parecía un boicot absurdo, justamente cuando se realizaban las primeras elecciones generales desde 1963.

MESES DESPUÉS SE SUPO DE SENDERO Y ABIMAEL

Algunos meses después se conocería que los autores eran integrantes de Sendero Luminoso, nombre con que se identificaba a un sector que diez años antes se había desprendido del maoísta Partido Comunista del Perú - Bandera Roja, planteando como lema que seguían “el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui”. Además en los medios políticos de izquierda se sabía que su dirigente máximo era el filósofo y profesor universitario Abimael Guzmán Reynoso, quien inicialmente utilizó el nombre Álvaro como seudónimo, aunque ya en esos tiempos se identificaba como Gonzalo. Por cierto que también se conocía que Guzmán había condenado la participación de los partidos de izquierda en las elecciones generales.

Menos de un mes después del incendio de ánforas en Chuschi, el 13 de junio, un grupo de personas atacó sorpresivamente el local del municipio de San Martín de Porres -a unos cinco kilómetros en línea recta de la Plaza de Armas de Lima- y lanzaron varias “bombas molotov” produciendo un incendio que destruyó la mitad de las instalaciones y el ochenta por ciento de los documentos. Al huir, distribuyeron volantes del Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas, vinculado a Sendero Luminoso. Dos días después, en el Cementerio El Ángel, estalló un artefacto explosivo en la tumba del ex presidente Juan Velasco Alvarado. Al finalizar ese mes de junio, fue incendiado el local en Ayacucho de Acción Popular, partido cuyo fundador y jefe Fernando Belaunde Terry, acababa de ganar las elecciones presidenciales.

El 28 de julio de 1980, Belaunde asumió la presidencia de la república. Dos días antes, en Ayacucho, una carga explosiva había estallado en la puerta del municipio y se encontraron pintas en sus paredes llamando a la guerra popular y un día después, ocurrió lo mismo con las puertas de los municipios provinciales de Cangallo y Víctor Fajardo. Además en esas provincias ayacuchanas se detectaron cargas explosivas en la subprefectura y oficinas de correo. Poco después, en algún diario se informa que en los organismos de seguridad del estado consideraban que en esos atentados había participación de grupos de estudiantes vinculados a Sendero.

BELAUNDE NO DIO IMPORTANCIA A SENDERO

Durante el segundo semestre de 1980, se realizaron una serie de cambios en el manejo estatal debido a la finalización de doce años de conducción de la Fuerza Armada -aunque con características distintas en cada una de sus dos fases- con la curiosa situación que quien presidía el gobierno era la misma persona que había sido defenestrada en 1968. Paralelamente, y aparentemente sin mayor atención por parte del gobierno, Sendero Luminoso había realizado más de 200 atentados aunque ninguno de gran repercusión, principalmente en Ayacucho aunque también en otras zonas de la sierra central y en Lima.

A lo largo de ese primer semestre del régimen de Belaunde y durante gran parte del año siguiente, mientras muchos de los líderes de Acción Popular, encabezados por el propio presidente de la república, disminuían la importancia del accionar de Sendero y confiaban en que las fuerzas policiales se encargarían de derrotar a los subversivos. Sólo por citar algunas opiniones de esa época, señalaremos que Francisco Belaunde Terry, hermano el presidente de la república y presidente de la Cámara de Diputados, declaró en noviembre de 1980 que era exagerado calificar como terroristas las acciones de Sendero ya que eran “cuestiones pueriles”. En ese mismo mes el ministro del Interior, José María De la Jara y Ureta, calificó también de exagerado hablar de “una ola terrorista”. El propio ministro De la Jara diría en junio de 1981 que los actos subversivos habían disminuido gracias a la acción policial.

Otro sector oficialista -encabezado por el senador Javier Alva Orlandini- consideraba necesario involucrar a la Fuerza Armada en el conflicto pero no tuvo éxito al impulsar algunas medidas legislativas para combatir la subversión. Los distintos enfoques para enfrentar a Sendero por parte de dirigentes del partido de gobierno, coincidían sin embargo en la creencia que las acciones subversivas estaban manejadas desde el exterior. También voceros de ambos sectores trataban de encontrar vinculación entre acciones de Sendero y las movilizaciones del movimiento social -particularmente el sindical y campesino- que demandaba una serie de reivindicaciones. También el Partido Popular Cristiano, aliado a Acción Popular desde que se instaló el gobierno, y el Partido Aprista Peruano, que hasta poco antes de mayo de 1980 consideraba que iban a ganar las elecciones, señalaron la necesidad que el gobierno encarase con mayor firmeza el combate al terrorismo.

IZQUIERDA UNIDA Y SU DESLINDE CON SENDERO

Por su parte Izquierda Unida -fundada por varios partidos y frentes en setiembre de 1980- si bien estaba en contra de Sendero Luminoso le costaba como colectivo definirse tajantemente. Como alguna vez lo conversé informalmente con algunos integrantes titulares y alternos del Comité Directivo Nacional de IU, si hasta mayo de ese año el lema enarbolado por la fórmula presidencial de UNIR -Unión de Izquierda Revolucionaria- era “el poder nace del fusil”, cómo condenar la lucha armada seis meses después…

Aprovecho para señalar que es un mito que IU no quisiera hacer un deslinde con Sendero, cuyas acciones terroristas fueron siempre condenadas. La ambigüedad mostrada en muchas ocasiones, más bien tenía que ver con la lucha armada como concepto, ya que la violencia revolucionaria en un futuro hipotético y la aceptación sólo táctica de la democracia, había sido parte de la formación política de los contingentes marxistas leninistas en esa época. Hubo agrupaciones como el Partido Socialista Revolucionario, PSR, que discrepábamos con esa ambigüedad y apostábamos claramente a la construcción democrática del socialismo. Debo admitir que inicialmente tuvimos algunos pocos sectores no muy convencidos, dado que en el partido había confluencia de militantes con distintos orígenes políticos, de manera que así como algunos nos habíamos formado en la democracia cristiana, algunos se consideraban social demócratas, aunque gran parte estaba constituido por nacionalistas formados a partir de la experiencia del gobierno del general Velasco Alvarado, otros lo habían hecho en grupos marxistas.

Hago un salto de varios años para señalar que no fue casual, sino consecuencia de posiciones asumidas desde mucho antes, que en noviembre de 1987 en mi intervención en un encuentro realizado en Moscú de 178 partidos y movimientos (Ver crónica “Con Barrantes en Moscú” del 20 de enero de 2017) con ocasión de los 70 años de la Revolución de Octubre, reafirmara nuestra opción por la democracia señalando: “Si queremos la democratización de la sociedad, la democracia resulta estratégica y no sólo táctica y debemos adecuar nuestra acción política a esa situación y asumir que debemos enfrentar la necesidad urgente de definir con precisión conceptos como pluralismo político, libertad de expresión o autogestión empresarial”.

GOBIERNO QUISO ASOCIAR PROTESTAS SOCIALES CON TERRORISMO

Pero regresemos a 1981. Cuando en marzo el gobierno aprobó el decreto legislativo 46 que tipificaba el delito de terrorismo y establecía las normas para aplicarlo, no hubo discrepancias entre los acciopopulistas. Sin embargo -cómo podía interpretarse de muchas maneras- en la práctica comenzó a ser invocado para aplicarlo a movilizaciones sociales que no tenía nada que ver con el terrorismo, ya que más bien significaba una continuación de las grandes movilizaciones realizadas desde mediados de 1977 y que habían obligado al gobierno militar de entonces encabezado por el general Morales Bermúdez a diseñar un período de transición que había culminado con la instalación del gobierno de Belaunde.

Justamente lo equívoco del DL 46, llevó a que se planteara su derogatoria en la reunión que tuvo Izquierda Unida con Belaunde el primero de julio en Palacio de Gobierno en la que participé a nombre del PSR (Ver crónica "Conversar no es pactar” del 22 de abril de 2016). En esa reunión, los senadores Genaro Ledesma y Edmundo Murrugarra señalaron la necesidad de derogar ese decreto legislativo y citaron varios casos en que se había aplicado contra militantes de IU, incluido un concejal de Carabayllo.

MINISTRO VEÍA BAJA DE ATENTADOS CUANDO HABÍA AUMENTO

En esa reunión con el presidente de la república, nada se nos dijo sobre los avances en la lucha antisubversiva que justificara las declaraciones del ministro De la Jara sobre la disminución de los actos subversivos. Tampoco se dijo nada significativo en el mensaje del presidente Belaunde ante el Congreso el 28 de julio, al cumplirse un año de su mandato. Más bien, a fines de agosto, se produjeron una serie de atentados que mostraban un incremento del accionar subversivo.

La madrugada del 31 de agosto fue bastante violenta con seis atentados en un operativo muy bien planificado. El más importante de todos sacudió el frontis del embajada de los Estados Unidos y otro a menos de un kilómetro de allí en el patio central de la residencia de la misma embajada, ambos locales situados en el Cercado de Lima. Otro atentado con bombas fue contra el local del Bank of America ubicado en San Isidro. También recibieron impacto de bombas la fábrica Coca Cola, la casa Berckemeyer y la planta de ensamblaje de automotores Ford. Estos sincronizados ataques nuevamente polarizaron el debate entre voceros oficialistas que discreparon públicamente sobre si procedía declarar el estado de emergencia, sobre el financiamiento del terrorismo desde el exterior e incluso sobre la relación entre terrorismo y narcotráfico. El ministro del interior se resistía a establecer el estado de emergencia y consideraba que la situación era manejable con el incremento presupuestal para la policía.

Mientras se daba ese debate llegamos a los primeros días de octubre. Sendero mantenía su accionar. Desde mayo de 1980, en dieciséis meses se habían realizado 790 atentados y sólo en el mes anterior 140. El 11 de octubre Sendero atacó el puesto policial de Tambo en Ayacucho. Aparentemente, esa fue la gota que rebalsó el vaso, pues al día siguiente, tras una reunión del Consejo de Ministros, el presidente Belaunde declaró en estado de emergencia a cinco de las siete provincias del departamento de Ayacucho: Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo y Huamanga. No hubo prácticamente forma de analizar el manejo por parte del ministro De la Jara en este nuevo escenario, ya que el 28 de octubre presentó su renuncia asumiendo su responsabilidad política luego que un estudiante universitario perdiera la vida en manos de la policía, durante un incidente en una movilización en el Cusco. Fue reemplazado por el hasta entonces ministro de Aeronáutica, Teniente General FAP José Gagliardi Schiaffino.

BELAUNDE CONTINUÓ IGNORANDO MAGNITUD DE LA SUBVERSIÓN

El reemplazo del ministro De la Jara junto con la instauración del estado de emergencia en Ayacucho, marca el inicio de una transición que culminaría a fines de diciembre de 1982, cuando el presidente Belaunde encargó el control del orden interno en esas provincias a las fuerzas armadas.

Pero independientemente de la forma en que desde octubre de 1981 se comenzó a trabajar en Ayacucho para frenar a Sendero, en los siguientes meses se mantuvo la posición de Belaunde y voceros de su partido quitando importancia a lo que sucedía en el país con una organización subversiva que incluso extendía su accionar más allá de la zona de emergencia. Así, el 28 de julio de 1982, en su segundo mensaje ante el Congreso, Belaunde calificó a las acciones subversivas como “diminutas organizaciones terroristas que atentan contra los derechos humanos y los bienes e intereses de la nación”. Señaló que había “instigadores foráneos del terrorismo” y anunció que “el terrorismo está siendo severamente reprimido y su organización va quedando desarticulada”.

Pero la visión aparentemente optimista del presidente se estrelló con las cifras que en el mismo mensaje reveló: en los doce meses anteriores se habían producido más de 650 acciones terroristas, 205 de los cuales ocurrieron en Lima. El propio Belaunde dijo también que en esa misma etapa cincuenta y tres personas perdieron la vida: 12 policías, 22 civiles y 19 terroristas.

Unos días antes, el 22 de julio, el PSR había hecho un pronunciamiento en que exigía al Gobierno “mayor responsabilidad ante el pueblo” señalando que hay una “sospechosa incapacidad para enfrentar el terrorismo”. Además expresábamos claramente “…nuestra más enérgica condena al terrorismo que no es sólo una condena moral sino fundamentalmente una condena política que levantamos con la firmeza con que combatimos a la derecha, porque SL se constituye en un complemento eficaz de la acción política de la derecha peruana, por más maquillaje de izquierda que se le pretenda aplicar”.

ACCIONES TERRORISTAS ADVERTÍAN CRECIMIENTO DE SENDERO

Basta mencionar lo ocurrido durante la primera semana de marzo de 1982 para imaginar que ni los propios partidarios del gobierno creían en la desarticulación de Sendero sostenida por el presidente. El martes 2 de marzo entre 50 y 150 individuos atacaron la cárcel de la ciudad de Ayacucho logrando la liberación de 247 detenidos, setenta de los cuales estaban acusados de participar en acciones terroristas. La acción armada mantuvo paralizada a la ciudad, ya que durante más de una hora se escucharon disparos de metralletas y explosiones e incluyó el bloqueo a puestos policiales cercanos para impedir el auxilio a los guardias que defendían el penal. En las siguientes noches y madrugadas siguieron produciéndose detonaciones en la ciudad, pese a que existía “toque de queda”. Antes de una semana, el 8 de marzo, se produjo el ataque al puesto policial en Quinua, unos 20 kilómetros de Ayacucho que significó unas dos horas de intenso intercambio de disparos. Además hubo el sabotaje contra una línea de interconexión del Sistema Eléctrico del Mantaro qué originó apagones en Lima, así como en Huancayo -la principal ciudad de la sierra central- y en varias ciudades del departamento de Ica. Incluso durante el apagón, cinco petardos fueron arrojados contra el Palacio de Gobierno.

Y no sólo hechos de pocos meses antes desmintieron la apreciación de Belaunde, sino también los sucedidos pocos días después, como la destrucción del Centro Experimental Allpachaca, perteneciente a la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ocurrida el 3 de agosto y el ataque al puesto policial de Vilcashuamán el 22 de agosto. Pero significativamente, también lo ocurrido muy pocas semanas después cuando alrededor de las 7:30 de la noche del 19 de agosto fueron dinamitadas unas cinco torres de trasmisión en los alrededores de Lima, produciéndose el apagón más completo que hasta ese momento se había producido en Lima. Al mismo tiempo hubo petardos que estallaron en el Ministerio Economía y Finanzas y en el Palacio de Justicia. También a la misma hora, aprovechando la penumbra, se intentó saquear algunos mercados y centros comerciales. También se intentó atacar sin éxito la cárcel de Lurigancho.

FINALMENTE, SE ENTREGA EL PODER A LOS MILITARES

Para cualquier observador resultaba difícil asimilar que esos sincronizados atentados en Lima se produjeron seis días después que el ministro del interior José Gagliardi había anunciado que un informe suyo sostenía que la agitación y la violencia venían decreciendo en las últimas semanas y añadido “están aniquilados” dijo. Y cuatro días después, que el director superior de la Policía de Investigaciones había dicho que gracias a la esforzada labor desarrollada por su institución “todos los casos de terrorismo en Lima han sido resueltos”. Y tres días después que el propio Belaunde en su habitual conferencia de prensa dominical había sostenido que es terrorismo “es una fábula inventada por el periodismo” y que él podía descansar y “dormir tranquilo”. Lo cierto es que a la semana siguiente de esas declaraciones optimistas, el gobierno declaró en emergencia por sesenta días a Lima metropolitana y el Callao.

En el resto del año continuaron los intentos del gobierno de quitar gravedad a los atentados terroristas, señalándose que las fuerzas policiales eran suficientes para enfrentar a Sendero. También continuaron las declaraciones en que se señalaba la “coordinación o coincidencia” entre el movimiento social y los atentados terroristas que sería una constante de sectores de derecha, incluso después que fuera evidente los reiterados atentados senderistas contra autoridades municipales e incluso parlamentarios de los partidos de IU (Ver crónica “Asesinato en Huancayo, infierno en el Infiernillo” del 22 de agosto de 2014).

Al terminar 1982, el 29 de diciembre, el presidente Belaunde firmó el decreto supremo 068-92-IN declarando en estado de emergencia las cinco provincias ayacuchanas antes mencionadas, además de la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac y la de Angaraes del departamento de Huancavelica y encargó el control del orden interno a las fuerzas armadas. Aunque no debió significar transferencia de la responsabilidad política ni la falta de control de la forma de actuar en la lucha contra la subversión armada, lo cierto es que el presidente prácticamente abdicó de gobernar en esa zona del país, que luego se iría ampliando. Ayacucho comenzó a ser “tierra de nadie”….