CONSTITUYENTE: CARRERA CON OBSTÁCULOS (1977)

Faltaban diez minutos para las once de la mañana del 3 de octubre de 1977 cuando abandonamos la cafetería “Haití” ubicada en la entonces plaza Pizarro y nos encaminamos hacia la puerta lateral de Palacio de Gobierno situada a unos cuarenta metros. El Partido Socialista Revolucionario había sido invitado a participar de un diálogo con el jefe del Comité de Asesoramiento de la Presidencia de la República, COAP, general Carlos Quevedo Farfán. Éramos ocho los que integrábamos la delegación que encabezaba el secretario general del PSR, Antonio Meza Cuadra, detenido más de 48 horas por disposición del ministerio del Interior apenas 35 días antes.

Si bien ese hecho era importante como noticia -ayer detenido, hoy interlocutor- lo que generó mayor curiosidad del grupo de periodistas que se encontraba esperando en esa puerta fue la presencia de dos personas que hasta ese momento nadie sabía que eran militantes del PSR, partido que aún no tenía un año de fundado.

Meza Cuadra, dirigente universitario izquierdista de los años 60 y destacado líder del gremio médico, se había convertido en el principal vocero del partido a partir de la deportación de los generales Leonidas Rodríguez y Arturo Valdés nueve meses atrás (Ver crónica “40 días intensos, 40 años atrás” del 19 de noviembre de 2016).

UNA DELEGACIÓN QUE CAUSÓ SORPRESA

Además de Antonio también integrábamos la delegación otros cinco fundadores del PSR: Manuel Benza y yo que habíamos renunciado a la Democracia Cristiana a principios de la década luego de ser parte de su sector izquierdista, así como tres dirigentes de organizaciones que habían nacido “al calor del proceso revolucionario” -como se decía en esa época- que encabezó el general Velasco: Exaltación Díaz, de la Confederación Nacional Agraria, CNA, Guzmán Rivera, de la base de Lima de la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana, CTRP-Lima, y Vilma Mazuelos, del Comité de Empresas Administradas por sus Trabajadores.

Pero lo que había llamado la atención a los periodistas fueron los otros dos integrantes del grupo, Héctor Minguillo y Carlos Urrutia, cuya presencia motivó múltiples comentarios en medios politizados en los días siguientes. Minguillo, combativo dirigente del Sindicato Obrero de Motor Perú, tenía amplio reconocimiento en el sector automotor y Urrutia era director del semanario de orientación izquierdista “Marka” clausurado catorce meses antes. A ambos se les conocía en todo caso por posiciones muy críticas al gobierno de Velasco y estaban relacionados con los inicios de corrientes partidarias que se autocalificaba como “nueva izquierda” y su presencia en el PSR significaba el esfuerzo de constituir una agrupación que, rescatando las reformas principalmente sociales de la primera fase del gobierno militar, ampliara su visión del país con aportes de personas con las que había diferencias de enfoque, pero también la voluntad de un proyecto común.

REPRESIÓN Y APERTURA POLÍTICA

Al analizar el paro nacional del 19 de julio anterior, al igual como lo hicieron diversos sectores políticos estábamos convencidos que se había iniciado el principio del fin del gobierno militar, pero que ese último tramo no sería fácil (Ver crónica “19 de julio de 1977: primeras impresiones del paro” del 30 de julio de 2017). La detención de los dirigentes que convocaron el paro y el despido de trabajadores de empresas públicas y privadas que participaron de la medida de protesta fueron las duras respuestas del gobierno del general Francisco Morales Bermúdez a la contundente medida. Los despidos fueron expresamente autorizados por el gobierno mediante un Decreto Supremo que dio a las empresas hasta quince días para realizarlos.

El mismo día del paro fueron detenidos los secretarios generales de tres centrales nacionales de trabajadores: Eduardo Castillo Sánchez, de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, Víctor Sánchez Zapata de la Confederación Nacional de Trabajadores, CNT, y Sergio Aparicio de la CTRP. También los locales de esas organizaciones, así como los de muchos sindicatos y federaciones de trabajadores fueron tomados por la policía. Ese día como en los posteriores, cientos de dirigentes sindicales fueron detenidos en todo el país. Por cierto que la mayoría de los detenidos estaban vinculados a la CGTP, a la que los principales voceros del gobierno militar acusaron de ser la principal responsable de la paralización.

Pero no cientos sino miles fueron los despedidos por participar de la paralización. Incluso un importantísimo integrante del gobierno, el ministro del Interior General Luis Cisneros Vizquerra, calculó en 1800 los dirigentes despedidos, aunque dijo que sólo era el 3% del total de los 54 mil existentes en todo el país y remarcó que por lo tanto el gobierno “…respeta al 97% de los dirigentes sindicales”. Sin embargo, varios de los que han estudiado esa etapa del movimiento popular calculan en más de cinco mil el número de trabajadores despedidos, que “descabezó” sindicatos de una serie de empresas cuyos propietarios fueron solícitos ejecutores de la mencionada autorización gubernamental. Y aunque en los siguientes años la reposición de esos despedidos fue un reclamo permanente de las organizaciones sindicales, fueron poco significativos los casos en que se concretó. Una notable excepción fue el caso de alrededor de 220 bancarios repuestos -unos 30 un par de meses después y otros hasta pasados cuatro años- por gestión de la Federación de Empleados Bancarios, en esos años una de las principales bases de la CGTP a la cual pertenecía justamente Eduardo Castillo Sánchez.

Vale señalar que si bien el paro fue convocado por la CGTP, esta actitud la tomaron los dirigentes a insistencia de varias de sus bases e importantes federaciones como la Federación Gráfica, la Federación Cervecera y la Federación de Luz y Fuerza, así como la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana CTRP-Lima, que entre otros gremios, conformaron el Consejo Unitario de Organizaciones Sindicales, CUOS. Aunque inicialmente los dirigentes de la CGTP, la mayoría de los cuales estaban vinculados al Partido Comunista Peruano, eran reacios a la medida de fuerza por considerar que no existían aun las condiciones para lanzar esa medida, cuando se tomó la determinación -sin dejar de lado discrepancias políticas- impulsaron una medida que marcó, como señalamos anteriormente, el inicio del fin del gobierno de Morales Bermúdez.

Pero junto con las medidas represivas, el gobierno planteó ya claramente un camino para un “regreso” a la constitucionalidad. En un mensaje a la nación, con ocasión del aniversario patrio, el 28 de julio de 1977, el general Morales Bermúdez anunció la convocatoria a elecciones de una Asamblea Constituyente para 1978 y elecciones generales para 1980, así como también el inminente cese del “estado de emergencia” que ya tenía más de un año de decretado. Sin embargo hubo dudas sobre estos anuncios, ya que tres o cuatro días después un comunicado del Comando Conjunto de la Fuerza Armada señaló que el Estado de Emergencia continuaba vigente y el 23 de agosto se informó que se prorrogaba por 30 días la suspensión de garantías en todo el país. Sin embargo, en el segundo aniversario de asumir la presidencia desplazando al general Juan Velasco Alvarado, el 28 de agosto en Tacna, Morales Bermúdez anunció la restitución de las garantías y el cese del Estado de Emergencia. Asimismo reafirmó como “compromiso de la Fuerza Armada” la instalación de la Asamblea Constituyente y la transferencia del poder luego de las elecciones generales de 1980.

NI EL GOBIERNO TENÍA CLARA SU PROPUESTA

Justamente sobre estas dos posiciones contradictorias del gobierno estábamos conversando esa mañana de octubre los integrantes de la delegación del PSR que seríamos recibidos por el jefe del COAP. Eran tres los objetivos que nos habíamos planteado para esa reunión. Por un lado, señalar nuestra posición en relación a la Asamblea Constituyente que era el tema en debate en los últimos sesenta días. Por otro lado, reclamar el cese de medidas represivas contra sectores populares en general y contra nuestro partido en particular. Y además, aprovechar la presencia del periodismo para presentar militantes partidarios de reconocida trayectoria en el movimiento gremial y/o el mundo intelectual que ampliaran el espectro de los fundadores del PSR.

Cumplidas las formalidades de identificación después de atravesar la puerta, subimos unas amplias escalinatas de mármol guiados por un oficial que nos acompañó hasta una amplia sala de reuniones donde nos recibió el general Carlos Quevedo. La reunión aunque fría fue respetuosa y quedó claro que -planteadas las elecciones para la Constituyente en 1978 y para presidente y parlamentarios en 1980- el gobierno se limitaba a escuchar los planteamientos de los partidos. El militar y sus asistentes recibieron el documento donde estaba plasmada nuestra posición y cuando la desarrollamos, no discutieron y se limitaron a tomar nota de sugerencias o cuestionamientos. Nos dio la impresión que no tenían aún muy elaborada la propuesta sobre cómo sería la Constituyente…

EXIGIMOS REGRESO DE DEPORTADOS Y ASILADOS

Uno de los puntos remarcado por nuestra delegación tuvo que ver con una posición deslizada por sectores vinculados al gobierno sobre la presencia en la futura Asamblea Constituyente de representantes de organizaciones sociales. Señalamos que había que considerar que más del 50% de la población no tenía posibilidades de organizarse, pero sobre todo que el gobierno instrumentaba organizaciones o se negaba a reconocerlas o intentaba destruirlas, como se demostraba con las medidas represivas luego del exitoso paro del 19 de julio. Por todo ello manifestamos estar en contra de la posibilidad del “peligroso sistema de representación manipulada”.

También dimos nuestra opinión sobre quiénes debían ser los votantes. Hasta ese momento la ciudanía se alcanzaba a los 21 años y los votantes hasta las últimas elecciones realizadas diez años atrás tenían que ser alfabetos. Considerando eso, en nuestro documento insistimos en que “el derecho al voto pertenece a todos los peruanos mayores de 18 años, incluida la población analfabeta, sin distingo alguno proveniente de ocupación, creencia, sexo, raza o cualquier otra variable que discrimine a las personas y les desconozca su inalienable derecho a elegir”.

Pero más allá de los puntos relacionados a la Constituyente, en la reunión en el COAP nos referimos a la necesidad de la vigencia de las libertades y el respeto a los derechos humanos como condiciones para que el proceso electoral anunciado alcanzara la credibilidad del pueblo. No basta que se restituyan las garantías constitucionales si al día siguiente se arresta al secretario general del PSR, le manifestamos al general Quevedo, precisando que no hablábamos en sentido figurado. Y señalamos que se debían dar las garantías para el regreso de todos los peruanos deportados, así como los obligados a asilarse para no ser detenidos. No hubo por parte de nuestro interlocutor ninguna muestra que pudiera indicarnos que se le daría solución satisfactoria este asunto que involucraba, entre otros, al presidente del PSR.

Después de unos cuarenta minutos terminó la reunión. Salimos y Antonio declaró ante la prensa. También lo hicieron otros integrantes de la delegación, particularmente Guzmán Rivera quien se refirió a la necesidad que fueran reincorporados los miles de trabajadores despedidos. En algún momento hicimos referencia a la fecha de la reunión, noveno aniversario del inicio del proceso liderado por el general Velasco y cómo había sido desvirtuado totalmente por Morales Bermúdez.

CONTROVERTIDAS REGLAS DE LA CONSTITUYENTE

Mientras avanzábamos hasta donde se encontraban estacionados los dos Volkswagen en que nos desplazábamos, adelantamos opiniones que ese mismo día y en los siguientes desarrollaríamos con los otros dirigentes del PSR. Dos cosas eran evidentes. Por un lado, que el camino hasta la constituyente sería con reglas de juego que se conocerían de a pocos porque incluso los propios gobernantes no las tenían claras y, por otro lado, que la apertura política avanzaría con lentitud hasta las elecciones y que sería plena para el Partido Aprista y el Partido Popular Cristiano y partidos derechistas menores y complicada para los partidos de izquierda. Distinta era la situación de Acción Popular, del ex presidente Fernando Belaunde derrocado por Velasco. Las dificultades no provenían del gobierno sino de ese partido que no estaba de acuerdo con la Constituyente y exigía elecciones generales sin ninguna constitución previa.

Tuvimos razón en cuanto a las reglas de juego. Si bien la noche siguiente de nuestra reunión en el COAP se conoció el Decreto Ley de convocatoria, en éste sólo se señalaba que habría un único distrito electoral que abarcaría todo el territorio nacional, se fijaba la fecha de las elecciones para la Asamblea Constituyente -el 4 de junio aunque posteriormente se cambió al 18 del mismo mes- y se establecía que se instalaría el 28 de julio y concluiría sus funciones en la primera quincena de julio de 1979. Pero lo que generó amplia discusión en las siguientes semanas fue que en esa convocatoria no sólo se indicaba que la Constituyente “exclusivamente” se dedicaría a aprobar una nueva constitución sino planteaba que ésta contendría disposiciones “que institucionalicen las transformaciones estructurales que viene llevando a cabo el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”.

Fue más de un mes después que, mediante otro Decreto Ley, se definió que los electores serían los civiles peruanos alfabetos mayores de 18 años, que las listas tendrían 100 candidatos, que podrían ser presentadas hasta el 16 de marzo por agrupaciones inscritas con el respaldo de 40 mil firmas hasta el 4 de febrero de 1978. También se estableció que regiría el sistema de cifra repartidora con voto preferencial. Posteriormente se darían las disposiciones que normarían los espacios gratuitos en los medios de comunicación.

PENSAMOS QUE LA ACTIVIDAD POLÍTICA SERÍA DIFÍCIL PERO NO TANTO

Nos quedamos cortos en nuestra evaluación de los límites de la apertura política. Si la autorización para el regreso de los deportados y asilados recién se dio a mediados de marzo del año siguiente, justo un día antes de la fecha del cierre de las inscripciones para la Asamblea Constituyente, cuando el gobierno dejó “sin efecto las disposiciones que puedan impedir el retorno al país de peruanos que se encuentran en el extranjero”. Ni en las estimaciones más pesimistas consideramos que el mes final de la campaña electoral lo viviríamos en Estado de Emergencia, sin mítines ni marchas, con toque de queda, con detenciones de candidatos y dirigentes no sólo en el país sino en cuarteles extranjeros.

Yo que había estado en múltiples reuniones clandestinas y dos o tres veces había estado clandestino por un par de días en el último año, no tenía idea cómo iba a afectarse mi vida familiar las semanas previas a las elecciones (Ver crónica “Hace 35 años fui un papá de la calle” del 24 de mayo de 2013).

Esa mañana de octubre en que nos reunimos con el general Quevedo nos imaginábamos que los ocho meses siguientes no resultarían fáciles pero no pudimos calcular cuan difíciles serían… Incluso cuando el 16 de abril siguiente los generales Leonidas Rodríguez y Arturo Valdés llegaron de su exilio en México no podíamos imaginar que una nueva deportación para ellos sería decidida cuarenta días después (Ver crónica “Clandestinidad y deportación” del 24 de junio de 2016).