Faltaban diez minutos para las once de la mañana del
3 de octubre de 1977 cuando abandonamos la cafetería “Haití” ubicada en la
entonces plaza Pizarro y nos encaminamos hacia la puerta lateral de Palacio de
Gobierno situada a unos cuarenta metros. El Partido Socialista Revolucionario
había sido invitado a participar de un diálogo con el jefe del Comité de
Asesoramiento de la Presidencia de la República, COAP, general Carlos Quevedo Farfán. Éramos
ocho los que integrábamos la delegación que encabezaba el secretario general
del PSR, Antonio Meza Cuadra, detenido más de 48 horas por disposición del
ministerio del Interior apenas 35 días antes.
Si bien ese hecho era importante como noticia -ayer detenido, hoy interlocutor- lo que generó mayor curiosidad del grupo de periodistas que se encontraba esperando en esa puerta fue la presencia de dos personas que hasta ese momento nadie sabía que eran militantes del PSR, partido que aún no tenía un año de fundado.
Si bien ese hecho era importante como noticia -ayer detenido, hoy interlocutor- lo que generó mayor curiosidad del grupo de periodistas que se encontraba esperando en esa puerta fue la presencia de dos personas que hasta ese momento nadie sabía que eran militantes del PSR, partido que aún no tenía un año de fundado.
Meza Cuadra, dirigente universitario izquierdista de los años 60 y
destacado líder del gremio médico, se había convertido en el principal vocero
del partido a partir de la deportación de los generales Leonidas Rodríguez y Arturo
Valdés nueve meses atrás (Ver
crónica “40 días intensos, 40 años atrás” del 19 de noviembre de 2016).
UNA DELEGACIÓN QUE CAUSÓ SORPRESA
Además de Antonio también integrábamos la delegación otros cinco
fundadores del PSR: Manuel Benza y yo que habíamos renunciado a la Democracia
Cristiana a principios de la década luego de ser parte de su sector
izquierdista, así como tres dirigentes de organizaciones que habían nacido “al calor del proceso revolucionario” -como se decía en esa época- que encabezó
el general Velasco: Exaltación Díaz, de la Confederación Nacional Agraria, CNA,
Guzmán Rivera, de la base de Lima de la Central de Trabajadores de la
Revolución Peruana, CTRP-Lima, y Vilma Mazuelos, del Comité de Empresas
Administradas por sus Trabajadores.
Pero lo que había llamado la atención a los periodistas fueron los
otros dos integrantes del grupo, Héctor Minguillo y Carlos Urrutia, cuya
presencia motivó múltiples comentarios en medios politizados en los días
siguientes. Minguillo, combativo dirigente del Sindicato Obrero de Motor Perú,
tenía amplio reconocimiento en el sector automotor y Urrutia era director del
semanario de orientación izquierdista “Marka” clausurado catorce meses antes. A
ambos se les conocía en todo caso por posiciones muy críticas al gobierno de
Velasco y estaban relacionados con los inicios de corrientes partidarias que se
autocalificaba como “nueva izquierda” y su presencia en el PSR significaba el
esfuerzo de constituir una agrupación que, rescatando las reformas
principalmente sociales de la primera fase del gobierno militar, ampliara su
visión del país con aportes de personas con las que había diferencias de
enfoque, pero también la voluntad de un proyecto común.
REPRESIÓN Y APERTURA POLÍTICA
Al analizar el paro nacional del 19 de julio anterior, al igual como
lo hicieron diversos sectores políticos estábamos convencidos que se había
iniciado el principio del fin del gobierno militar, pero que ese último tramo
no sería fácil (Ver
crónica “19 de julio de 1977: primeras impresiones del paro” del 30 de julio de
2017). La detención de los
dirigentes que convocaron el paro y el despido de trabajadores de empresas
públicas y privadas que participaron de la medida de protesta fueron las duras respuestas
del gobierno del general Francisco Morales Bermúdez a la contundente medida.
Los despidos fueron expresamente autorizados por el gobierno mediante un
Decreto Supremo que dio a las empresas hasta quince días para realizarlos.
El mismo día del paro fueron detenidos los secretarios generales de
tres centrales nacionales de trabajadores: Eduardo Castillo Sánchez, de la
Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, Víctor Sánchez Zapata de
la Confederación Nacional de Trabajadores, CNT, y Sergio Aparicio de la CTRP. También
los locales de esas organizaciones, así como los de muchos sindicatos y
federaciones de trabajadores fueron tomados por la policía. Ese día como en los
posteriores, cientos de dirigentes sindicales fueron detenidos en todo el país.
Por cierto que la mayoría de los detenidos estaban vinculados a la CGTP, a la
que los principales voceros del gobierno militar acusaron de ser la principal
responsable de la paralización.
Pero no cientos sino miles fueron los despedidos por participar de la
paralización. Incluso un importantísimo integrante del gobierno, el ministro
del Interior General Luis Cisneros Vizquerra, calculó en 1800 los dirigentes
despedidos, aunque dijo que sólo era el 3% del total de los 54 mil existentes
en todo el país y remarcó que por lo tanto el gobierno “…respeta al 97% de los dirigentes
sindicales”. Sin embargo, varios de los que han estudiado esa etapa del
movimiento popular calculan en más de cinco mil el número de trabajadores
despedidos, que “descabezó” sindicatos de una serie de empresas cuyos
propietarios fueron solícitos ejecutores de la mencionada autorización
gubernamental. Y aunque en los siguientes años la reposición de esos despedidos
fue un reclamo permanente de las organizaciones sindicales, fueron poco
significativos los casos en que se concretó. Una notable excepción fue el caso
de alrededor de 220 bancarios repuestos -unos 30 un par de meses después y
otros hasta pasados cuatro años- por gestión de la Federación de Empleados
Bancarios, en esos años una de las principales bases de la CGTP a la cual pertenecía
justamente Eduardo Castillo Sánchez.
Vale señalar que si bien el paro fue convocado por la CGTP, esta
actitud la tomaron los dirigentes a insistencia de varias de sus bases e
importantes federaciones como la Federación Gráfica, la Federación Cervecera y
la Federación de Luz y Fuerza, así como la Central de Trabajadores de la
Revolución Peruana CTRP-Lima, que entre otros gremios, conformaron el Consejo
Unitario de Organizaciones Sindicales, CUOS. Aunque inicialmente los dirigentes
de la CGTP, la mayoría de los cuales estaban vinculados al Partido Comunista
Peruano, eran reacios a la medida de fuerza por considerar que no existían aun
las condiciones para lanzar esa medida, cuando se tomó la determinación -sin
dejar de lado discrepancias políticas- impulsaron una medida que marcó, como
señalamos anteriormente, el inicio del fin del gobierno de Morales Bermúdez.
Pero junto con las medidas represivas, el gobierno planteó ya
claramente un camino para un “regreso” a la constitucionalidad. En un mensaje a
la nación, con ocasión del aniversario patrio, el 28 de julio de 1977, el general
Morales Bermúdez anunció la convocatoria a elecciones de una Asamblea
Constituyente para 1978 y elecciones generales para 1980, así como también el
inminente cese del “estado de emergencia” que ya tenía más de un año de
decretado. Sin embargo hubo dudas sobre estos anuncios, ya que tres o cuatro
días después un comunicado del Comando Conjunto de la Fuerza Armada señaló que el
Estado de Emergencia continuaba vigente y el 23 de agosto se informó que se
prorrogaba por 30 días la suspensión de garantías en todo el país. Sin embargo,
en el segundo aniversario de asumir la presidencia desplazando al general Juan
Velasco Alvarado, el 28 de agosto en Tacna, Morales Bermúdez anunció la restitución
de las garantías y el cese del Estado de Emergencia. Asimismo reafirmó como
“compromiso de la Fuerza Armada” la instalación de la Asamblea Constituyente y
la transferencia del poder luego de las elecciones generales de 1980.
NI EL GOBIERNO TENÍA CLARA SU PROPUESTA
Justamente sobre estas dos posiciones contradictorias del gobierno
estábamos conversando esa mañana de octubre los integrantes de la delegación
del PSR que seríamos recibidos por el jefe del COAP. Eran tres los objetivos que nos habíamos planteado para esa reunión.
Por un lado, señalar nuestra posición en relación a la Asamblea Constituyente
que era el tema en debate en los últimos sesenta días. Por otro lado, reclamar
el cese de medidas represivas contra sectores populares en general y contra
nuestro partido en particular. Y además, aprovechar la presencia del periodismo
para presentar militantes partidarios de reconocida trayectoria en el
movimiento gremial y/o el mundo intelectual que ampliaran el espectro de los
fundadores del PSR.
Cumplidas las formalidades de identificación después de atravesar la
puerta, subimos unas amplias escalinatas de mármol guiados por un oficial que
nos acompañó hasta una amplia sala de reuniones donde nos recibió el general Carlos
Quevedo. La reunión aunque fría fue respetuosa y quedó claro que -planteadas
las elecciones para la Constituyente en 1978 y para presidente y parlamentarios
en 1980- el gobierno se limitaba a escuchar los planteamientos de los partidos.
El militar y sus asistentes recibieron el documento donde estaba plasmada
nuestra posición y cuando la desarrollamos, no discutieron y se limitaron a
tomar nota de sugerencias o cuestionamientos. Nos dio la impresión que no
tenían aún muy elaborada la propuesta sobre cómo sería la Constituyente…
EXIGIMOS REGRESO DE DEPORTADOS Y ASILADOS
Uno de los puntos remarcado por nuestra delegación tuvo que ver con
una posición deslizada por sectores vinculados al gobierno sobre la presencia
en la futura Asamblea Constituyente de representantes de organizaciones sociales.
Señalamos que había que considerar que más del 50% de la población no tenía
posibilidades de organizarse, pero sobre todo que el gobierno instrumentaba
organizaciones o se negaba a reconocerlas o intentaba destruirlas, como se
demostraba con las medidas represivas luego del exitoso paro del 19 de julio.
Por todo ello manifestamos estar en contra de la posibilidad del “peligroso
sistema de representación manipulada”.
También dimos nuestra opinión sobre quiénes debían ser los votantes.
Hasta ese momento la ciudanía se alcanzaba a los 21 años y los votantes hasta
las últimas elecciones realizadas diez años atrás tenían que ser alfabetos.
Considerando eso, en nuestro documento insistimos en que “el derecho al voto
pertenece a todos los peruanos mayores de 18 años, incluida la población
analfabeta, sin distingo alguno proveniente de ocupación, creencia, sexo, raza
o cualquier otra variable que discrimine a las personas y les desconozca su
inalienable derecho a elegir”.
Pero más allá de los puntos relacionados a la Constituyente, en la
reunión en el COAP nos referimos a la necesidad de la vigencia de las
libertades y el respeto a los derechos humanos como condiciones para que el
proceso electoral anunciado alcanzara la credibilidad del pueblo. No basta que
se restituyan las garantías constitucionales si al día siguiente se arresta al
secretario general del PSR, le manifestamos al general Quevedo, precisando que
no hablábamos en sentido figurado. Y señalamos que se debían dar las garantías
para el regreso de todos los peruanos deportados, así como los obligados a
asilarse para no ser detenidos. No hubo por parte de nuestro interlocutor
ninguna muestra que pudiera indicarnos que se le daría solución satisfactoria
este asunto que involucraba, entre otros, al presidente del PSR.
Después de unos cuarenta minutos terminó la reunión. Salimos y Antonio
declaró ante la prensa. También lo hicieron otros integrantes de la delegación,
particularmente Guzmán Rivera quien se refirió a la necesidad que fueran
reincorporados los miles de trabajadores despedidos. En algún momento hicimos
referencia a la fecha de la reunión, noveno aniversario del inicio del proceso
liderado por el general Velasco y cómo había sido desvirtuado totalmente por
Morales Bermúdez.
CONTROVERTIDAS REGLAS DE LA CONSTITUYENTE
Mientras avanzábamos hasta donde se encontraban estacionados los dos
Volkswagen en que nos desplazábamos, adelantamos opiniones que ese mismo día y
en los siguientes desarrollaríamos con los otros dirigentes del PSR. Dos cosas
eran evidentes. Por un lado, que el camino hasta la constituyente sería con
reglas de juego que se conocerían de a pocos porque incluso los propios
gobernantes no las tenían claras y, por otro lado, que la apertura política
avanzaría con lentitud hasta las elecciones y que sería plena para el Partido
Aprista y el Partido Popular Cristiano y partidos derechistas menores y
complicada para los partidos de izquierda. Distinta era la situación de Acción
Popular, del ex presidente Fernando Belaunde derrocado por Velasco. Las
dificultades no provenían del gobierno sino de ese partido que no estaba de
acuerdo con la Constituyente y exigía elecciones generales sin ninguna
constitución previa.
Tuvimos razón en cuanto a las reglas de juego. Si bien la noche
siguiente de nuestra reunión en el COAP se conoció el Decreto Ley de
convocatoria, en éste sólo se señalaba que habría un único distrito electoral
que abarcaría todo el territorio nacional, se fijaba la fecha de las elecciones
para la Asamblea Constituyente -el 4 de junio aunque posteriormente se cambió
al 18 del mismo mes- y se establecía que se instalaría el 28 de julio y
concluiría sus funciones en la primera quincena de julio de 1979. Pero lo que
generó amplia discusión en las siguientes semanas fue que en esa convocatoria
no sólo se indicaba que la Constituyente “exclusivamente” se dedicaría a
aprobar una nueva constitución sino planteaba que ésta contendría disposiciones
“que institucionalicen las transformaciones estructurales que viene llevando a
cabo el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”.
Fue más de un mes después que, mediante otro Decreto Ley, se definió
que los electores serían los civiles peruanos alfabetos mayores de 18 años, que
las listas tendrían 100 candidatos, que podrían
ser presentadas hasta el 16 de marzo por agrupaciones inscritas con el respaldo
de 40 mil firmas hasta el 4 de febrero de 1978. También se estableció que regiría
el sistema de cifra repartidora con voto preferencial. Posteriormente se darían
las disposiciones que normarían los espacios gratuitos en los medios de
comunicación.
PENSAMOS QUE LA ACTIVIDAD POLÍTICA SERÍA DIFÍCIL PERO NO TANTO
Nos quedamos cortos en nuestra evaluación de los límites de la
apertura política. Si la autorización para el regreso de los deportados y
asilados recién se dio a mediados de marzo del año siguiente, justo un día
antes de la fecha del cierre de las inscripciones para la Asamblea
Constituyente, cuando el gobierno dejó “sin efecto las disposiciones que puedan
impedir el retorno al país de peruanos que se encuentran en el extranjero”. Ni
en las estimaciones más pesimistas consideramos que el mes final de la campaña
electoral lo viviríamos en Estado de Emergencia, sin mítines ni marchas, con
toque de queda, con detenciones de candidatos y dirigentes no sólo en el país
sino en cuarteles extranjeros.
Yo que había estado en múltiples reuniones clandestinas y dos o tres
veces había estado clandestino por un par de días en el último año, no tenía
idea cómo iba a afectarse mi vida familiar las semanas previas a las elecciones
(Ver crónica “Hace 35 años fui un papá de la calle” del 24 de mayo de 2013).
Esa mañana de octubre en que nos reunimos con el general Quevedo nos
imaginábamos que los ocho meses siguientes no resultarían fáciles pero no
pudimos calcular cuan difíciles serían… Incluso cuando el 16 de abril siguiente
los generales Leonidas Rodríguez y Arturo Valdés llegaron de su exilio en
México no podíamos imaginar que una nueva deportación para ellos sería decidida
cuarenta días después (Ver crónica
“Clandestinidad y deportación” del 24 de junio de 2016).
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